SERGIO MATTOS

Sergio es socio del Estudio, en donde se especializa en litigios corporativos, white collar crime y corporate compliance.

Sergio Mattos es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Fue premiado con una beca Chevening, otorgada por el gobierno del Reino Unido, la cual le permitió completar un Máster en Derecho (LL.M.), con especialización en Derecho Penal, por London School of Economics and Political Science (LSE).

Cuenta con un Máster previo en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla (2011-2012), así como con estudios de doctorado completos en la misma casa de estudios (2011-2013).

Obtuvo la certificación en compliance “Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I)”, otorgado por Compliance Certification Board (CCB).

En adición a su experiencia profesional en el Estudio, Sergio se desempeñó como asociado del área penal de Benites, Forno & Ugaz entre los años 2009 a 2012. Posteriormente, se desempeñó como Asesor en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Sergio ha sido Profesor de Derecho Penal en la Universidad Científica del Sur. Asimismo, es autor de diversos artículos en materia penal y ha participado como expositor en múltiples eventos académicos, tanto en el Perú como en el extranjero. Actualmente, Sergio es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lima, Universidad ESAN y Academia de la Magistratura.

Durante su estancia en Londres, Sergio aplicó sus conocimientos en Derecho Penal en el marco de dos investigaciones complejas, una de ellas vinculadas a un caso de fraude cometido al interior de una empresa multinacional. Además, en esta ciudad participó como investigador voluntario en dos proyectos vinculados al derecho penal internacional. El primero de ellos fue supervisado por la ONG “The Global Legal Action Network”, teniendo como objetivo identificar mejores prácticas en el campo legal para la recolección de evidencia digital relacionada con crímenes de guerra. El segundo, a iniciativa de “Guernica 37 – International Justice Chambers”, se enfocó en evaluar las posibles acciones legales a adoptar a fin de investigar y sancionar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en Nicaragua desde Abril de 2018.